¿Por qué Delcy y no María Corina? | Por: Carolina Díaz

En política comparada hay una regla: la legitimidad no gobierna sola. La legitimidad autoriza, convoca, ordena el relato y le da sentido al “sacrificio”—, pero en una transición el resultado depende de otra variable más: quién controla los resortes que hacen que el Estado funcione (o se rompa).

La situación de Venezuela encaja, dolorosamente, en ese dilema. Se puede sostener —con argumentos ampliamente citados por organismos y observadores— que el proceso electoral careció de garantías y que la verificación independiente de resultados fue cuestionada, mientras se denunciaba represión posterior. Aun así, el chavismo gobierna de facto porque conserva el control del aparato. Y ese control, guste o no, pesa más que cualquier narrativa cuando el país está al borde de un estallido.

Ahí es donde entra el concepto que suele malinterpretarse: los gobiernos de transición no son “gobiernos bonitos” ni “gobiernos puros”. Son estructuras puente diseñadas para que un sistema que ya no tiene legitimidad democrática suficiente no se desplome de forma violenta, y para que el sistema que viene después pueda nacer con alguna posibilidad de estabilidad.

Un gobierno de transición (interino, provisional, de unidad) es, en esencia, una arquitectura temporal: administra el mientras tanto, evita el vacío de poder, y crea condiciones mínimas para que haya un nuevo pacto de reglas (elecciones creíbles, reordenamiento institucional, reformas constitucionales si aplica). Por eso muchos marcos de transición insisten en objetivos como seguridad, estabilidad, y una hoja de ruta constitucional hacia un orden post-transición. Dicho de otra manera: sirve para que el país no explote mañana y para que el “después” no empiece como una guerra de facciones.

Con esa lente, la discusión “Delcy versus María Corina” deja de ser una pelea de simpatías y se vuelve una pregunta de ingeniería política: ¿quién puede garantizar obediencia en el minuto cero? ¿Quién puede contener a los actores armados y a las burocracias que hoy se sienten dueñas del Estado? ¿Quién puede convertir un acuerdo en hechos —y no en un papel— dentro del aparato?

Delcy representa —para bien o para mal— la lógica de la continuidad controlada. Es parte orgánica del sistema, habla su idioma, entiende sus lealtades, y, sobre todo, tiene la capacidad de activar algo que en transiciones vale oro: órdenes que se cumplan dentro del aparato. Su trayectoria y centralidad en el poder chavista-madurista son precisamente lo que la vuelve “útil” en una mesa de salida: no porque sea más legítima, sino porque el sistema le reconoce autoridad interna. En una transición, eso equivale a poder frenar retaliaciones, disciplinar facciones, abrir puertas institucionales que hoy funcionan como muralla.

María Corina, en cambio, encarna lo contrario: ruptura total. Y esa ruptura total no solo amenaza un proyecto político; amenaza la supervivencia personal de muchos actores incrustados en el Estado. Para sectores militares, judiciales, policiales, burocráticos y económicos conectados al régimen, ella simboliza desmantelamiento, rendición de cuentas, responsabilidades penales, pérdida de privilegios, y un cambio de reglas que no controlan. En términos de incentivos, eso se traduce en una reacción predecible: si cooperar implica un riesgo existencial, no cooperan; se atrincheran. Y cuando se atrincheran quienes tienen armas, tribunales y expedientes, el proceso puede fracasar antes de empezar.

Esta es la razón por la cual las transiciones “de manual” se suelen organizar por fases, aunque nadie lo diga en público con esa palabra. La fase uno no es la utopía: es la contención. Se busca evitar violencia, asegurar gobernabilidad mínima, impedir golpes internos, y reducir la probabilidad de que el aparato se fracture en mil pedazos. En muchos arreglos comparados, esa primera etapa adopta fórmulas de poder compartido o gobiernos de unidad/transición para bajar la temperatura, construir confianza mínima entre actores y preparar elecciones o negociaciones constitucionales. Solo después —cuando el sistema deja de estar a punto de estallar— viene la fase dos: reformas, democratización, reconstrucción institucional, y mecanismos de justicia transicional que combinen estabilidad con verdad y responsabilidad.

Por eso el argumento de Trump no es un alegato contra María Corina; es un alegato sobre para qué sirve cada figura en qué momento. Delcy Rodríguez sirve para el tramo en el que hay que desactivar el dispositivo sin que explote: asegurar que la Fuerza Armada no se parta, que las agencias no se vayan por libre, que el sistema judicial no actúe como brazo de sabotaje, que el territorio no se vuelva un archipiélago de feudos armados. Ese tramo suele requerir concesiones tácticas: garantías, salidas negociadas, amnistías parciales o condicionadas, esquemas de reinserción, compromisos de no retaliación inmediata. No porque sea “justo” en sentido moral, sino porque es la moneda de cambio para que el aparato acepte moverse.

María Corina, en cambio, sirve de manera decisiva para lo que viene después: el horizonte. Su mayor activo es la legitimidad ciudadana y el proyecto de país, ese capital moral que evita que la transición se convierta en un simple reacomodo de élites. Además, su presencia presiona para que la salida no sea sinónimo de impunidad total. El problema es que ella no puede ofrecer ciertas garantías sin pagarlas carísimo: si entra a prometer amnistías amplias o blindajes que contradicen su narrativa, pierde el núcleo de su autoridad moral; y si no las ofrece, el aparato se cierra. Esa es la paradoja: es demasiado ruptura para el minuto cero, y a la vez es imprescindible para que la transición no termine siendo una continuidad maquillada.

La historia latinoamericana ya vio, con costos enormes, lo que ocurre cuando se intenta saltar la fase de contención y se pretende que el “día uno” sea el “día de la pureza total”. En escenarios donde el viejo poder conservar resortes, el choque frontal puede activar la peor combinación: cierre militar, sabotaje burocrático, violencia selectiva, fragmentación territorial y un caos que termina justificando la restauración autoritaria. Por eso los gobiernos de transición existen: para administrar el riesgo, no para ganar aplausos.

En ese sentido, “Delcy como puente” y “María Corina como destino” describe un mecanismo interno que reduzca la probabilidad de estallido y haga viable la obediencia a un cronograma; después, una conducción legítima que reconstruya instituciones, reintegre al país en reglas democráticas verificables y marque el rumbo de la Venezuela post-chavista. Si se invierte el orden —si la ruptura lidera la contención— lo más probable es que el aparato responda con cerrojo, y la transición nazca muerta.