La primera derrota también gobierna
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Las victorias tempranas, la relación con el Congreso y el límite colombiano al liderazgo de fuerza
Un gobierno comienza a gobernar mucho antes de ejecutar su primera gran política pública. Empieza a hacerlo cuando distribuye señales, selecciona sus primeras batallas, reconoce —o desconoce— los poderes existentes y demuestra si tiene capacidad para convertir una victoria electoral en una mayoría política.
Por eso las victorias tempranas importan. No necesariamente porque resuelvan los problemas estructurales de un país, sino porque producen una percepción de dirección, autoridad y gobernabilidad. Una victoria temprana le dice al sistema político que el nuevo gobierno comprende cómo funciona el poder, que puede coordinar a sus aliados, persuadir a los indecisos y contener a sus adversarios.
Una derrota temprana comunica exactamente lo contrario. La elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado, con 56 votos frente a los 45 obtenidos por Alfredo Deluque, no debe leerse únicamente como una disputa por una dignidad legislativa. Fue la primera prueba de fuerza del nuevo gobierno en el Congreso y, al mismo tiempo, la primera evidencia de los límites que tendrá Abelardo de la Espriella para trasladar al ejercicio del poder el estilo que le permitió conquistar la Presidencia.
El gobierno perdió una votación. Pero, sobre todo, perdió la posibilidad de controlar el significado político de esa votación.
Uno de los errores más frecuentes de los gobiernos entrantes consiste en creer que la energía electoral puede trasladarse automáticamente a las instituciones. No ocurre así.
Una campaña premia la diferenciación, el antagonismo, la emocionalidad y la construcción de un adversario. La gobernabilidad exige negociación, gradualidad, reconocimiento de jerarquías, administración de egos y capacidad para producir acuerdos incluso con aquellos a quienes se derrotó. La campaña necesita que el candidato sea el centro. El gobierno necesita que el presidente construya un sistema de gobierno.
Abelardo de la Espriella llegó al poder con un estilo de confrontación directa, personalización extrema del liderazgo y promesa de ruptura con las élites políticas tradicionales. Es una fórmula que guarda similitudes con las utilizadas por Nayib Bukele en El Salvador y Javier Milei en Argentina: liderazgos que presentan al presidente como intérprete exclusivo de la voluntad popular y a las instituciones como obstáculos que deben ceder ante el mandato electoral.
Ese estilo puede ser extraordinariamente eficaz para ganar elecciones. Pero no necesariamente sirve, sin ajustes, para construir mayorías legislativas.
El primer dilema del nuevo gobierno colombiano será precisamente ese: decidir si pretende gobernar al Congreso desde la superioridad moral del vencedor o si reconoce que, en un sistema presidencial fragmentado, el legislativo no es una dependencia del Ejecutivo, sino un poder autónomo con actores, intereses y liderazgos propios.
En El Salvador, Bukele logró convertir su popularidad en una concentración institucional de poder. Milei, aunque llegó con una representación legislativa limitada, pudo aprovechar el agotamiento del sistema político argentino, la profundidad de la crisis económica y las contradicciones internas de la oposición para avanzar en buena parte de su agenda.
Colombia tiene otra arquitectura política.
Es un país regionalizado, con partidos débiles pero estructuras territoriales resistentes; con un Congreso transaccional, liderazgos históricos, cortes activas, gobernadores influyentes y múltiples centros de poder. En Colombia, la debilidad de los partidos no significa ausencia de poder político. Significa que ese poder se encuentra distribuido entre numerosas organizaciones, clanes regionales, bancadas, dirigentes y coaliciones circunstanciales.
El estilo de fuerza puede generar adhesión ciudadana. Pero también puede acelerar la formación de coaliciones defensivas. Y eso fue exactamente lo que ocurrió.
El nuevo gobierno pudo haber presentado la elección de la Presidencia del Senado como una negociación institucional dentro de la coalición. En cambio, la convirtió en una disputa por la conducción de la derecha colombiana. Al respaldar a Alfredo Deluque, un dirigente que había acompañado tempranamente su proyecto, De la Espriella introdujo un criterio comprensible desde la lógica personal: premiar la lealtad. Sin embargo, desde la lógica de la gobernabilidad, el movimiento desconoció dos realidades.
La primera es que el Centro Democrático representa la bancada más numerosa de la coalición de derecha. La segunda es que Álvaro Uribe, más allá de su desgaste o de las transformaciones del escenario electoral, conserva poder simbólico, político y organizativo suficiente para impedir que su liderazgo sea desplazado sin resistencia.
El error no fue simplemente apoyar a otro candidato. El error consistió en convertir esa candidatura en una medición anticipada de fuerzas con Uribe sin tener asegurados los votos para derrotarlo. En política, una de las reglas básicas de la administración del poder es no abrir una batalla que no se está en capacidad de ganar.
La derrota de Deluque permitió que una votación legislativa se transformara en un referendo sobre quién conduce la derecha. Y el resultado produjo una paradoja: el presidente electo, que acababa de recibir el mandato popular, apareció políticamente derrotado por el dirigente histórico al que pretendía relevar.
El episodio también demostró que el número de curules propias importa. El liderazgo presidencial puede presionar, seducir o intimidar, pero no reemplaza los votos. Un presidente con cuatro senadores propios puede construir una mayoría, pero necesita hacerlo mediante una operación política fina, no mediante la expectativa de que el Congreso se someterá automáticamente al resultado de la elección presidencial.
La forma condicionó el fondo porque la manera de plantear la disputa terminó modificando el comportamiento de todos los actores. Por un lado, el Centro Democrático dejó de discutir una dignidad legislativa y comenzó a defender su supervivencia. Y por el otro, el Pacto Histórico dejó de observar una pelea interna de la derecha y descubrió que sus 26 votos podían decidir el resultado.
Álvaro Uribe dejó de buscar simplemente la Presidencia del Senado y encontró una oportunidad para demostrar que todavía conserva capacidad de veto. Y el gobierno entrante dejó de escoger un aliado para una posición institucional y terminó poniendo en juego, anticipadamente, su autoridad.
Hace algunos años, una fotografía política de Álvaro Uribe y Gustavo Petro alrededor de un mismo propósito habría parecido imposible. Ambos organizaron durante décadas buena parte de su identidad pública a partir de la confrontación mutua. Pero el poder altera las fronteras ideológicas.
La elección de Henríquez mostró que dos fuerzas históricamente antagónicas pueden coincidir cuando enfrentan una amenaza común o cuando sus intereses institucionales se alinean temporalmente.
El Pacto Histórico no votó necesariamente por el proyecto político de Uribe. Votó para limitar al nuevo gobierno, preservar espacios de influencia y evitar que De la Espriella concentrara tempranamente el control del Ejecutivo y del Legislativo.
El uribismo tampoco se acercó a la izquierda por una transformación doctrinaria. Lo hizo porque necesitaba votos para detener un intento de subordinación política. No se trata de una alianza ideológica. Es una coincidencia estratégica.
Y allí está una de las principales enseñanzas del episodio: en momentos de reconfiguración del poder, la política deja de ordenarse exclusivamente mediante el eje izquierda-derecha. Aparecen nuevas divisiones: concentración frente a equilibrio, hegemonía frente a supervivencia, liderazgo emergente frente a estructuras históricas. De la Espriella consiguió algo que parecía improbable: generar un incentivo para que el uribismo y el petrismo encontraran una zona de convergencia táctica. Ese resultado debería preocupar al nuevo gobierno.
Todo liderazgo disruptivo produce resistencias. Pero cuando la amenaza es percibida como existencial, los adversarios más distantes pueden dejar de atacarse entre sí para contener al actor que pretende desplazar simultáneamente a todos. La agresividad política puede dividir a los opositores. También puede unificarlos.
Las victorias tempranas cumplen cuatro funciones fundamentales. La primera es demostrar capacidad. La segunda es disciplinar a la coalición. La tercera es atraer a los indecisos. La cuarta es instalar una narrativa de inevitabilidad: la sensación de que el nuevo gobierno entiende el momento, controla la agenda y sabe hacia dónde conduce al país.
Por eso la relación con el Congreso debía ser uno de los activos iniciales de la administración De la Espriella.
El gobierno necesitaba comenzar mostrando que podía articular a la derecha, incorporar a los partidos tradicionales y establecer una relación funcional con los sectores independientes. En lugar de ello, la primera votación importante expuso las fracturas de su campo político y reveló que su coalición no estaba consolidada.
Esto puede afectar discusiones posteriores. Los congresistas observan quién tiene capacidad real para premiar, castigar, proteger y cumplir. Cuando un gobierno pierde una batalla en la que se involucró directamente, los aliados potenciales recalculan. Los compromisos se vuelven más costosos. Las lealtades se hacen condicionales. Los partidos elevan el precio de su respaldo.
Una derrota temprana no determina todo el mandato, pero sí modifica la relación de fuerzas desde la cual comienza la siguiente negociación. Además, puede instalar un precedente peligroso: la idea de que el presidente es fuerte ante la opinión pública, pero vulnerable dentro de las instituciones.
La gran pregunta es si Colombia aceptará el estilo de conducción que funcionó electoralmente para De la Espriella. La respuesta no depende solamente de su popularidad. Dependerá de si el presidente comprende que la autoridad no consiste en confrontar a todos los actores al mismo tiempo, sino en escoger el orden, la intensidad y el momento de cada confrontación.
Bukele y Milei construyeron su identidad presentándose como enemigos del sistema. Pero ninguno ha gobernado exclusivamente mediante retórica. Ambos han tenido que identificar aliados, aprovechar divisiones opositoras, conceder espacios y adaptar sus estrategias a la correlación real de fuerzas. En Colombia, esa adaptación será todavía más necesaria.
El nuevo presidente puede intentar sepultar el liderazgo de Álvaro Uribe. Puede aspirar a refundar la derecha. Incluso puede buscar reemplazar el viejo sistema de intermediación partidista por un liderazgo presidencial más directo. Pero difícilmente podrá hacer todo eso al mismo tiempo que impulsa reformas, controla el Congreso, enfrenta a la oposición, organiza su propia fuerza política y administra el Estado.
Primero se consolida el gobierno. Después se organiza la coalición. Más adelante se disputa la sucesión del liderazgo. Intentar ejecutar simultáneamente las tres operaciones puede terminar debilitando al presidente antes de que haya construido las herramientas para gobernar.
Este episodio deja una conclusión central: los primeros días de un gobierno no deben utilizarse para demostrar cuántos enemigos puede enfrentar el presidente, sino para demostrar cuántas voluntades puede conducir.
Una victoria temprana no siempre exige imponer al candidato propio. A veces consiste en negociar una salida aceptable, dividir a los adversarios, conservar capacidad de influencia y evitar que una diferencia interna se convierta en una derrota pública. También implica comprender que la política no se administra únicamente con argumentos de fondo.
Importa quién anuncia la decisión, cómo se presenta, qué símbolos activa, qué actores se sienten desconocidos y qué interpretación terminará imponiéndose ante la opinión pública. La forma no es un elemento superficial del poder. La forma organiza las percepciones, construye las coaliciones y determina quién se siente incluido o amenazado. Muchas veces, la forma termina definiendo si el fondo es políticamente viable.
Abelardo de la Espriella todavía tiene capacidad para recomponer su relación con el Congreso. Pero deberá decidir si quiere ser el presidente de una facción que busca someter a las demás o el conductor de una mayoría capaz de gobernar.
La Presidencia del Senado fue apenas una dignidad institucional. Sin embargo, su elección reveló el tamaño del desafío: De la Espriella ganó el derecho a gobernar Colombia, pero todavía no ha demostrado que pueda gobernar el sistema político colombiano.
Y esa es, probablemente, la primera gran batalla de su mandato.


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